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Recordamos a todos nuestros clientes el cambio horario para la próxima madrugada del 24 al 25 de marzo, en el cual habrá que añadir una hora a las dos, siendo las tres a las dos de la madrugada, y hay que hacerlo efectivo tanto en relojes como en tacógrafos.
Un saludo.
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Se ha recibido en la Subdirección General de Calidad del Aire y medio Ambiente Industrial un escrito de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, solicitando informe sobre las normas jurídicas en las que se puedan basar las posibles sanciones por la manipulación de los sistemas de tratamiento de gases de vehículos pesados, en concreto en los dispositivos denominados “Adblue”.
Desde esta Subdirección se considera que se puede apelar a tres leyes fundamentalmente: la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la Atmósfera, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
El Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera incluye el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y en concreto, en el código 07 03 se especifica la categoría transporte por carretera, vehículos pesados >3,5 t y autobuses. Por tanto, los vehículos pesados se incluyen como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera.
El artículo 7 de esta ley establece las obligaciones de los titulares de instalaciones donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, obligando a que “los titulares de instalaciones donde se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, recogidas en el catálogo que figura en el Anexo IV, deberán: e) Cumplir los requisitos técnicos que le sean de aplicación conforme establezca la normativa y, en todo caso, salvaguardando la salud humana y el medio ambiente”, y en su artículo 3, define instalación como “cualquier unidad técnica fija, móvil o transportable donde se desarrolle una o más de las actividades enumeradas en el anexo IV de esta ley, así como cualesquiera otras actividades directamente vinculadas con aquellas que guarden relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación”. Por tanto, puede considerarse que los vehículos pesados son una instalación móvil cuyo titular está sujeto a la obligación de cumplir los requisitos técnicos que le sean de aplicación.
También la Ley tipifica en su artículo 30 como infracciones:
La Ley 34/2007 también fija las sanciones que podrán ser impuestas para estas infracciones, que varían en función del tipo de infracción.
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, establece en su artículo 325 que “será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas”.
Aparte de la normativa ambiental anteriormente expuesta, la Dirección General de Tráfico, ha realizado campañas específicas para comprobar el uso de emuladores adblue en camiones y furgonetas, en las que ha formulado boletines de denuncia por infracción considerada en el artículo 76 apartado o) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial por “circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentarias establecidas”, con una multa de 200€.
Por último, es necesario señalar que serán las autoridades competentes en cada caso las que deberán determinar la infracción y sanción a aplicar en función de las circunstancias de cada supuesto concreto.
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El artículo 3 de la Orden FOM/3399/2002 que regula el certificado de conductor de terceros países no pertenecientes a la Unión Europea obliga a las empresas a devolver tanto el ejemplar de la empresa como la copia del conductor, cuando éste cause baja en la empresa.
También te recordamos que dicho certificado tiene una validez de dos años desde su expedición.
Para la conducción por cuenta ajena de vehículos dedicados a la realización de transportes de mercancías o de viajeros en autobús, ya sean públicos o privados complementarios, será necesario, además de contar con la preceptiva autorización administrativa habilitante para su prestación, que cuando el conductor del vehículo sea nacional de un tercer país no perteneciente a la Unión Europea aquélla se acompañe de un certificado de conductor.
Las empresas titulares de autorizaciones de transporte público o privado complementario, de mercancías o de viajeros en autobús, que contraten o empleen a conductores nacionales de terceros países no pertenecientes a la Unión Europea, deberán solicitar un certificado de conductor.
La Comunidad Autónoma en que la empresa titular de autorizaciones de transporte tenga residenciada alguna autorización de transporte, expedirá, a petición del titular de la misma, un certificado de conductor para cada conductor nacional de un tercer país no perteneciente a la Unión Europea legalmente contratado o legalmente puesto a su disposición de conformidad con las disposiciones legales y, en su caso, con los Convenios Colectivos que fueran de aplicación.
Para la expedición del certificado de conductor deberá aportarse, además de la correspondiente solicitud en la que figure el número de identificación fiscal o código de identificación fiscal y demás datos identificativos de la empresa solicitante, la siguiente documentación:
a) Documento de identidad del conductor.
b) Permiso de conducción del conductor en vigor y, cuando se trate de un permiso de conducción expedido por una autoridad distinta a la española, informe de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente que acredite la validez del mismo para conducir en España.
c) Número de afiliación a la Seguridad Social del conductor y justificación del alta en la Seguridad Social en la empresa o contrato visado por la autoridad laboral.
Una vez presentada la solicitud por la empresa, el órgano competente, después de haber comprobado la documentación aportada para la obtención del certificado, inscribirá los datos en el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares y Complementarias del Transporte, y expedirá el correspondiente certificado de conductor, así como una copia legalizada del mismo.
El certificado de conductor, que tendrá validez de dos años o hasta que expire el plazo de validez del permiso de conducción del conductor, deberá ajustarse al modelo establecido en el anexo I, y será propiedad del titular de la autorización, quien lo pondrá a disposición del conductor al que se refiere dicho documento cuando éste conduzca un vehículo amparado por aquélla. En los locales de la empresa deberá conservarse una copia legalizada del certificado de conductor.
Tanto el certificado como su copia legalizada se deberán presentar cada vez que así lo requieran los miembros de la Inspección de Transportes o los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la vigilancia del transporte por carretera.
La empresa transportista o titular de la autorización de transporte estará obligada a devolver al órgano expedidor, de manera inmediata, el certificado de conductor y la copia legalizada del mismo tan pronto como dejen de cumplirse las condiciones que dieron lugar a su expedición y, especialmente, cuando el conductor cause baja en la empresa o cuando, como consecuencia de cualquier actuación administrativa, se detectara el incumplimiento de los requisitos que dieron lugar a su expedición.
Fuente: Froet.es
D. Alfredo Pérez Rubalcaba D.E.P
